Espeluznante lo que está ocurriendo en el Consorcio Azucarero Central


EN BARAHONA, RD:


 En sus tres más recientes ediciones el periódico Armario Libre, en sus formatos escrito  y digital, ha estado publicando situaciones insólitas que están sucediendo en el Consorcio Azucarero Central Barahona, CAC-Barahona, que debieran llamar la atención de las autoridades,  particularmente, la que se refiere a la denuncia de que en la citada empresa de capital extranjero, guatemaltecos,  se practica la tortura y otras vejaciones a la dignidad humana para que los empleados renuncien a sus derechos laborales adquiridos durante largos años de trabajar en dicha empresa de cuyo capital no hay participación nacional o local.

Los ejecutivos del CAC-Barahona. De izquierda a derecha, José Antonio García Casillas, José Alcides Ruiz Alfaro, Virgilio Pérez Bernal González, José Barríos, Pablo Campollo Figueroa, Jaime Bonifasi Campollo, Paul Hamilton y Juan Carlos Castillo.

Son increíbles y a la vez alarmantes, pero de ser ciertas la informaciones, y no existen razones para dudar de ellas por la fuente que las da, de que en el CAC-Barahona se practican  torturas, amenazas, vejaciones, secuestros, presión e intimidación, para obligar a los empleados a renunciar a derechos adquiridos durante sus largos años de labor en dicha empresa, es evidente de que nos encontramos ante  prácticas aberrantes de una empresa  depredadora, expoliadora, y que usa la violencia para arrebatarles a sus empleados los beneficios a los que son acreedores después de haberle dado sus vidas.

Da la impresión de que los ejecutivos del CAC-Barahona, una empresa que no tiene capital nacional,  no se rigen por las leyes laborales del país y que, en sus actuaciones, no cuentan con el control de los organismos estatales llamados a regular las operaciones productivas y comerciales del azúcar barahonero.

Las narraciones  y los testimonios de ex empleados que el periódico Armario Libre recoge en su reportaje “Acusan CAC torturar, vejar y secuestrar ex empleados”  de cómo el CAC-Barahona los obligó a dejarles sus beneficios laborales, son, sencillamente, inimaginable para esta época, y debieran investigarse más a fondo y aplicar consecuencias.

No solamente es necesario el sometimiento judicial realizado a la empresa por parte de los ex empleados perjudicados, sino que los organismos de protección al ciudadano, como el de los Derechos Humanos, debieran intervenir porque la multinacional ha llegado a  niveles impensables, tales como “montar vigilancias a sus viviendas y chequear cada paso que daban” y “que hasta para ir al baño era con una seguridad”.

Tomado de surexpreso.com

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