Las transformaciones del departamento que se enfrenta a la corrupción

  • Las transformaciones del departamento que se enfrenta a la corrupción
     El escándalo provocado por los sobornos de Odebrecht, destapado en diciembre de 2016, ha sido el caso más sonado en el país luego de la existencia de organismos especializados de persecución de la corrupción. ARCHIVO
    originariamente 
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD:
 Para enfrentar los actos de corrupción, el gobier­no dominicano se vio en la necesidad de crear una de­pendencia dentro del Mi­nisterio Público que se en­cargara de enfrentar ese flagelo. Fue el Departa­mento de Prevención de la Corrupción Administrati­va (DEPRECO).

En julio del 1997, me­diante decreto del enton­ces presidente Leonel Fer­nández, fue creado ese departamento, constitu­yéndose en plataforma pa­ra socializar con distintos sectores organizados una política estratégica de lu­cha contra la corrupción, con énfasis en la preven­ción.
En el 1996, los países signatarios de la Organi­zación de Estados Ameri­canos (OEA), adoptaron en Caracas, Venezuela, la Convención Interamerica­na contra la Corrupción, ratificada por la República Dominicana en 1998.
Durante el segundo mandato del Presiden­te Fernández, en el mes de julio del año 2007, fue modificado este departa­mento, creando la actual Dirección Nacional de Per­secución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
Su misión principal: investigar los hechos y  conductas delictuosas cometidas contra la admi­nistración y sostener la ac­ción penal pública de estos casos ante los tribunales de la República.
Entre sus exdirectores es­tán los doctores Octavio Lís­ter  Henríquez. El departa­mento también fue dirigido por Otoniel Bonilla y Jesús Féliz Jiménez.
Creación PEPCA
Mediante Resolución 0003, del Consejo Superior del Mi­nisterio Público, emitida el 4 de febrero de 2013, se ele­va para que en lo adelante se denomine Procuraduría Es­pecializada de Persecución de la Corrupción Administra­tiva (PEPCA).
La misma fue adscrita a la Dirección General de Per­secución del Ministerio Pú­blico, encargada de la po­lítica de persecución de los casos de crímenes y delitos de Corrupción Administra­tiva a nivel nacional, sir­viendo, además, como ase­sora de las fiscalías en el ámbito de su especialidad. Al frente fue asignada Lau­ra Guerrero Pelletier.
La Resolución que crea el PEPCA, considera la mis­ma como órgano comple­mentario de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. De esta forma el Ministerio Público, por la complejidad de los casos puede ejercer una intervención especiali­zada que permita lograr un trabajo más eficaz y deter­minante en esta área.
Funciones y responsabili­dades de PEPCA
Funciones: Definidas en los artículos 38 y 54 de la Ley 133-11, Ley Orgánica del Ministerio Público.
1. Dirigir las investigacio­nes y promover el ejercicio de la acción pública, por sí o por intermedio de los pro­curadores generales de Cor­tes de Apelación a su cargo, en todos aquellos casos cu­yo conocimiento en prime­ra instancia corresponde conforme a la Constitución a las Cortes de Apelación.
2. Supervigilar las in­vestigaciones y el ejercicio de la acción penal a cargo de las fiscalías de su región y dictar a los procurado­res fiscales titulares las ins­trucciones particulares que correspondan cuando ad­vierta negligencia manifies­ta en la gestión de los casos.
3. Asumir, personalmente o a través de un Procurador General de Corte a su cargo, cualquier proceso penal de acción pública de su región cuando advierta negligencia o incapacidad manifiesta en la gestión del caso.
3.1 Esta avocación esta­rá precedida de un dictamen motivado al efecto y com­porta el traslado la respon­sabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser de­vuelto al Ministerio Público originariamente apoderado.
4. Velar el cumplimiento efectivo de la dirección fun­cional de la investigación a cargo de los miembros del Ministerio Público. Podrá realizar gestiones de coordi­nación con la policía o cual­quier otra agencia ejecutiva de investigación o seguri­dad a nivel regional para fa­cilitar esta dirección funcio­nal.
5. Conocer y resolver acerca de las recusacio­nes planteadas contra los miembros del Ministerio Público;
6. Gestionar por ante la Dirección General de Per­secución del Ministerio Pú­blico la protección de vícti­mas, testigos u otros sujetos cuando fuere necesario en los casos a su cargo;
7. Fomentar la resolu­ción alternativa de disputas, conforme a las políticas de persecución y las instruccio­nes generales;
8. Coadyuvar a la imple­mentación de las políticas estatales de prevención y control de la criminalidad y la política penitenciaria, ba­jo la supervisión y coordina­ción del Procurador Gene­ral de la República;
9. Colaborar en la formu­lación de las propuestas de políticas de persecución pe­nal.
10. Velar por el cumpli­miento de las políticas de persecución penal dictadas por el Consejo Superior del Ministerio Público.
11. Comunicar las nece­sidades presupuestarias de su región o ámbito especia­lizado al Procurador Gene­ral de la República;
12. Proponer al Conse­jo Superior, por intermedio del Procurador General de la República, la creación, supresión, fusión o ubica­ción de fiscalías y la corres­pondiente distribución de sus funcionarios;
13. Encargar interina­mente, en coordinación con el Director General de Ca­rrera, la dirección de una fis­calía a uno de los procura­dores fiscales de su región o ámbito especializado, con­forme al escalafón, para su­plir la ausencia del que la dirige, de todo lo cual dará informe inmediato al Procu­rador General de la Repúbli­ca, el cual podrá confirmar o modificar esta decisión;
14. Supervisar el eficaz desempeño del personal a su cargo y la adecuada ad­ministración de los recursos materiales y económicos bajo su responsabilidad;
15. Ejercer las demás atribuciones que le sean asignadas por la ley o los re­glamentos.
 SEPA MÁS
 Odebrecht es el caso más sonado
 Estalla escándalo.

Cuando estalló en Esta­dos Unidos el escándalo de sobornos de la cons­tructora Odebrecht, en diciembre de 2016, el PEPCA inició el proceso de documentación para investigar quiénes fue­ron los beneficiarios de los 93 millones de dó­lares pagados en el país para agenciarse obras gubernamentales sa­cando de competencia a otras empresas.
Los arrestos.
A mediados de mayo de 2017, el Ministerio Pú­blico arrestó a 14 exfun­cionarios y exlegislado­res a quienes encarceló y luego sometió a la jus­ticia una parte de ellos acusados de ser los be­neficiarios directos de los sobornos. El expe­diente está en la justi­cia ordinaria, luego de meses paralizado por la pandemia de Covid-19.

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